La base que sustenta esta idea reposa en la función que ejerce el árbitro y en la finalidad buscada por los interesados.

El Estado tiene interés en auspiciar la labor de gestión y procura de la pacificación realizada por el árbitro, al ser imparcial respecto del objeto debatido.

Autores como Serra Domínguez, Ramos Méndez, Carreras, entre otros, sostienen que la tarea misma del árbitro trasluce la propia esencia de la jurisdicción encarnada en un sujeto que ius dicit y que no es el Estado.