Ser un funcionario autónomo, preferentemente sin vinculaciones con partidos políticos, e independiente de todo órgano de gestión o gobierno.

Poseedor de la facultad de investigar, criticar y publicar sus resoluciones, aun sin tener la de revocar o anular los actos de las propias autoridades administrativas.

Actuación provocada por la instancia de particulares y entidades, o de oficio, en miras a resolver las conductas insidiosas del mal funcionario, o la defectuosa actividad de la administración.

Ser un funcionario designado por el gobierno con la capacidad de revocar decisiones administrativas.

No tener la facultad de investigar ni criticar las decisiones de las autoridades.