Garantizar que las modalidades y las normas de acreditación permitan que sólo aquellos contratistas bien calificados y con experiencia reciban acreditación.

Establecer un sistema eficaz de gestión y seguimiento para garantizar que los contratistas promuevan los objetivos de la autoridad y su accionar no repercuta negativamente en el estatus y la reputación de la misma.

Proporcionar servicios de conciliación/mediación y arbitraje que sean gratuitos para empleadores y empleados.