El cuerpo ejecutivo se mantuvo en el rey y el Consejo de Estados; la competencia legislativa se distribuyó entre éstos; y el poder judicial se discernió en magistrados independientes.

El canciller conservó sus atribuciones e continuó a las órdenes del rey, de quien se constituyó en principal consejero.

El J.O. debía controlar la observancia de las leyes por los tribunales y funcionarios, y demandar ante la justicia competente a aquellos que en el ejercicio de su cargo hubieren cometido ilegalidad o descuidado el correcto desempeño en los deberes propios de su función, sea por parcialidad, favor o cualquier otro motivo.